Con los resultados presentados por la auditoría técnica del tranvía realizada por la empresa Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña (FGC) y la consiguiente propuesta de licitación del servicio por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento, José Enrique Fernández de Moya da casi por solucionado este problema público
que caía sobre sus hombros. Un problema que ha dado mucho que hablar y
que “nuestro” alcalde ha sabido tan bien aprovechar para sus propios
objetivos partidistas.
El dato clave de esta auditoría, un presupuesto anual de cinco
millones de euros, ha dado el impulso necesarios para que el equipo de
gobierno anunciase la licitación pública de la explotación del tranvía la semana pasada; eso sí, sin aportación municipal alguna, lo que supone la privatización y regalo (a la empresa privada) del proyecto tranviario que tanto nos ha costado a los jiennenses.
En definitiva, un “regalo” de 120 millones de euros que, según las
palabras de nuestro alcalde, es “deficitario” e “inasumible” y, por lo
tanto, no resulta rentable para su gobierno.
Sin embargo, cabe recordar al señor Fernández de Moya que un servicio
“deficitario” es algo perfectamente asumible en un organismo público,
puesto que el objetivo primordial no es el beneficio económico, sino la rentabilidad social
que reporta ese servicio en la sociedad. Si bien es cierto que la
situación económica del consistorio no está como para asumir un coste de
esa magnitud, tampoco es entendible que el equipo de gobierno se
embarque en proyectos propios (claramente electoralistas) como la futura
expansión comercial de la ciudad (Parque Empresarial “Santo Reino”) o
la candidatura de la Catedral para que sea elegida Patrimonio de la
Humanidad.
Y es que, nos guste o no, el tranvía es una infraestructura que no puede ser utilizada como arma arrojadiza entre administraciones y partidos que, a la hora de la verdad, solo se representan a sí mismos. Y lo que no
se puede permitir es que los jienenses paguemos un servicio y unas
infraestructuras que luego se vendan a coste cero a aquellos mismos que
no dan nada gratis, ni de calidad, como el caso ya conocido de Autobuses Castillo.
Por eso, desde la CNT, queremos un servicio de transporte que no sea privado, que sea autogestionado, de calidad y gratuito para todo el mundo.
Un transporte que no sirva de promesa electoral a los políticos, ni
sirva para enriquecer a los capitalistas cuyo interés es diametralmente
opuesto al de los que utilizamos los transportes públicos.
